El Estado ha adoptado medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca “Filomena”, acaecida durante el mes de enero de este año 2021. Así ha aparecido publicado en el B.O.E de 19 de mayo, el Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo.
En el artículo 3 de dicho decreto encontramos las condiciones específicas que han de cumplirse para poder recibir ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas. El artículo dice lo siguiente:
“Las ayudas previstas en este artículo irán destinadas a las personas titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que, estando ubicadas en el ámbito de aplicación señalado en el artículo 1, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, con arreglo a los criterios de la Unión Europea a este respecto, cuando los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, no estuvieran garantizados por dicho sistema. Igualmente, se podrán conceder estas ayudas cuando en la fecha de ocurrencia del siniestro no se hubiera iniciado el periodo de garantías del seguro, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro para la misma línea en la campaña anterior. En el caso de las explotaciones ganaderas, a estos efectos, se exceptúan las pólizas contratadas de seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.”
Esta es otra muestra de la importancia de proteger tus explotaciones agrícolas y ganaderas con los seguros agrarios combinados. Ya que estas ayudas solo van destinadas a titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que tengan póliza en vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados o la hubiese tenido en la campaña anterior, en los casos indicados.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con las comunidades autónomas, establecerá el procedimiento para las ayudas previstas y la cuantía máxima de las mismas.
El ámbito de aplicación de este decreto se establece en las siguientes comunidades autónomas: Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
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